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IMPLICACIONES LEGALES ANTE LA EPIDEMIA DEL COVID-19
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Considerando que la prevención y atención de los efectos de una epidemia requieren un enfoque multidisciplinario, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, informa sobre algunas implicaciones legales ante la epidemia del COVID-19.


I. Medidas preventivas y de control:


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)1 establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, que sus disposiciones generales serán obligatorias en el país y en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

Es facultad del Consejo de Salubridad General2, aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria3.

1. Recursos para combatir epidemias: La Ley General de Salud (LGS) faculta a las autoridades sanitarias competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentos aplicables4.

2. Control migratorio: Sólo con autorización de la Secretaría de Salud se permitirá la internación en el territorio nacional de personas que padezcan enfermedades infecciosas en periodo de transmisibilidad, que sean portadoras de agentes infecciosos o se sospeche que estén en periodo de incubación por provenir de lugares infectados5.

3. Control en sitios de reunión: Las autoridades sanitarias señalarán el tipo de enfermos o portadores de gérmenes que podrán ser excluidos de los sitios de reunión, tales como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas, centros de espectáculos y deportivos6.

4. Aislamiento: El aislamiento de las personas que padezcan enfermedades transmisibles se llevarán a cabo en sitios adecuados, a juicio de la autoridad sanitaria7.

5. Clausuras de centros de reunión: Las autoridades sanitarias podrán ordenar, por causas de epidemia, la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole8.

6. Transporte de enfermos: El transporte de enfermos de afecciones transmisibles deberá efectuarse en vehículos acondicionados al efecto; a falta de éstos, podrán utilizarse los que autorice la autoridad sanitaria. Los mismos podrán usarse posteriormente para otros fines, previa la aplicación de las medidas que procedan9.

7. Descontaminación: Las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, desinsectación, desinfestación u otras medidas de saneamiento de lugares, edificios, vehículos y objetos10.


II. Consideraciones generales sobre relaciones laborales:


1. Suspensión de labores: A menos de que la autoridad competente declare una contingencia sanitaria, salvo acuerdo entre las partes, no habrá necesidad de suspender labores, por lo cual los trabajadores deberán prestar el servicio y el patrón pagar el salario correspondiente debiendo dar cumplimiento estricto a las recomendaciones emanadas por las autoridades de salud correspondientes, en este caso, la Secretaría de Salud; y a nivel internacional, de la Organización Mundial de la Salud.

2. Reconocimientos médicos: Los trabajadores estarán obligados a someterse a los reconocimientos médicos establecidos por el empleador, así como a informar las Enfermedades contagiosos que padezca11.

3. Trabajo en casa: De acuerdo con los lineamientos estipulados en la Ley Federal del Trabajo, en caso de ser necesario y siempre que así se convenga por las partes, se puede optar por realizar el trabajo en casa. Esto con la intención de proteger la integridad de los trabajadores y con base en la responsabilidad de las empresas de prevenir todo tipo de contagio.

4. Incapacidad por enfermedad:  En caso de que trabajadores sean diagnosticados con COVID-19, deberán tramitar y obtener la incapacidad correspondiente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5. Efectos en caso de contingencia sanitaria: En caso de que en México llegara a declararse una contingencia sanitaria por la dispersión del COVID-19, suministraremos una nueva nota informativa, acerca las consecuencias legales laborales y de seguridad social y las previsiones aplicables en tal escenario. Anticipamos que estos casos opera la suspensión de las relaciones de trabajo, por lo cual, los trabajadores no estarán obligados a prestar el servicio y el patrón solamente estará obligado a pagar por concepto de indemnización un salario mínimo por cada día que dure la contingencia12.


III. Consideraciones generales sobre relaciones comerciales y en materia civil:


En aquellos casos en que se justifique y acredite que existe caso fortuito o fuerza mayor, las relaciones comerciales o civiles pueden generar eximentes de responsabilidad.

1. Relaciones comerciales: El depósito de mercancías, el contrato de transporte y la consignación mercantil establecen supuestos que eximen de responsabilidad en casos de caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual cada caso deberá analizarse bajo dichos supuestos13.

2. Obligaciones civiles: Las legislaciones civiles establecen supuestos específicos sobre el caso fortuito o fuerza mayor en materia de arrendamiento, posesión y usufructo. En otros casos que la ley no considere los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, deberá atenderse al sistema de eficacia de los contratos, debiendo estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos.


IV. Consideraciones generales sobre procedimientos judiciales y administrativos: 


En caso de que las autoridades judiciales o administrativas así lo determinen, pueden suspenderse labores y plazos y en cada caso, deberá hacerse del conocimiento público dichas determinaciones y sus alcances: 

1. Procedimientos Judiciales: Mediante acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originado por caso fortuito o fuerza mayor13 , (o conforme a la legislación de cada Tribunal Superior de Justicia de los Estados de la República) puede autorizarse administrativamente la suspensión de labores, lo que trae como consecuencia que ese día se considere inhábil y en estos casos no opere el vencimiento de términos ni la caducidad de la instancia15.

 2. Procedimientos Administrativos: La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), faculta a los titulares de las Dependencias del Ejecutivo Federal para suspender labores por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada, pudiendo determinar que no corran los términos de ley para efectos de los trámites, diligencias y actuaciones en los procedimientos que se tramitan o deban tramitarse a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a todas aquellas personas que tienen asuntos en trámite16.
Alfonso Pérez-Cuéllar M.
Presidente
Héctor Herrera Ordóñez
Vicepresidente
Ángel Martín Junquera Sepúlveda
Vicepresidente
Adrián Ojeda Cuevas
Vicepresidente
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  1. Artículo 73, fracción XVI, 1ª. 2ª. y 3ª. de la CPEUM
  2. Órgano Colegiado que depende directamente del Presidente de la República, con el carácter de autoridad sanitaria, funciones normativas, consultivas y ejecutivas.
  3. Artículo 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
  4. Artículo 148, LGS.
  5. Artículo 149, LGS.
  6. Artículo 150, LGS.
  7. Artículo 151, LGS.
  8. Art ículo 152, LGS.
  9. Artículo 153, LGS.
  10. Artículo 154, LGS.
  11. Artículo 134 fracciones X y XI de la Ley Federal del Trabajo.
  12. Artículos 427 VII y 429 IV de la Ley Federal del Trabajo.
  13. Artículos 295, 336, 393 fracción IV y VII, 579, 591 fracción III del Código de Comercio.
  14. Fracción III del artículo 3o. De la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  15. Artículo 1076, 1201, del Código de Comercio.
  16. Artículo 28 de la LFPA.